El Tribunal Supremo exige al Gobierno de Trump que “facilite” el retorno del salvadoreño deportado por error a la cárcel de Bukele

El Tribunal Supremo de Estados unidos ha obligado al Gobierno de Trump a que facilite el retorno de Kilmar Abrego García, el salvadoreño que fue enviado por error a la cárcel de alta seguridad de El Salvador. La decisión del Alto Tribunal entra en conflicto con la actuación del Ejecutivo, que se ha negado hasta ahora a realizar gestiones para regresar a Abrego García a Estados Unidos, a pesar de que había reconocido que su deportación se produjo por un “error administrativo”.

El Gobierno había recurrido la decisión de la jueza de distrito Paula Xinis, que el viernes pasado ordenó a la Administración de Trump a que retornara al salvadoreño antes del martes pasado. A petición del Ejecutivo, el presidente del alto tribunal, John Roberts, paró temporalmente la orden el lunes para estudiar el caso. En su fallo de hoy, jueves, el Supremo reconoce que parte de la orden no se cumplirá, puesto que el plazo fijado ya ha pasado, pero obliga al cumplimiento del resto de la orden, en la que la jueza exigió que el Gobierno “‘facilite’ la liberación de Ábrego García en El Salvador y que garantice que su caso se tramite como se habría hecho de no haber sido enviado indebidamente a El Salvador”. No obstante, el Supremo puntualiza que “el alcance del término ‘efectuar’ en la orden del tribunal de distrito no está claro y podría exceder las facultades del tribunal”.

Xinis, jueza de distrito de Maryland, declaró que el traslado de Abrego García había sido “ilegal” por lo que exigió al Gobierno que “facilite y efectúe” su regreso. Los abogados del Gobierno recurrieron el fallo argumentando que ningún juez puede dictar la política exterior del país, a lo que hace referencia el fallo del Supremo.

El caso de Abrego García ganó notoriedad porque por primera vez el Gobierno admitió que se había equivocado al deportarlo. La indignación general aumentó porque, a pesar de admitir el error, las autoridades dijeron que no iban a hacer nada por enmendar el error, ya que el detenido estaba bajo jurisdicción de El Salvador. El detenido contaba con una protección concedida por un juez en 2019 que prohibía su deportación.

A pesar de ello, el 15 de marzo, fue uno de los 23 salvadoreños que junto a 238 venezolanos fueron deportados al país centroamericano, sin haber mediado una orden judicial. Su destino fue la prisión de Cecot, la megacárcel construida por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, famosa por las deplorables condiciones en las que se mantiene a los presos y las denuncias de violaciones de derechos humanos. El Gobierno se escudó en la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que sólo se ha utilizado tres veces en la historia y durante conflictos bélicos, para realizar las deportaciones.

Abrego García vivía en el Estado de Maryland junto a su mujer, ciudadana estadounidense, un hijo discapacitado y dos hijos de la anterior relación de su esposa. El 12 de marzo fue detenido cuando viajaba en el coche con su hijo, a quien acababa de recoger de la casa de su abuela. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se lo llevaron detenido acusado de pertenecer a la pandilla criminal MS-13. Sus abogados y familia han negado cualquier vínculo con la banda, que fue declarada por Trump organización terrorista.

El único altercado con la justicia que se le conoce ocurrió en 2019, cuando fue detenido junto a otros tres hombres cuando buscaba trabajo afuera de una tienda de Home Depot, en Maryland. A Abrego García no se le acusó de ningún delito, pero fue entregado a ICE, que inició el proceso de deportación. El Gobierno alegó que un informante confiable lo había identificado como un miembro de alto rango de la MS-13. Seis meses después, un juez le otorgó una suspensión de deportación, por entender el riego que corría si regresaba a su país. Abrego García llegó a Estados Unidos con 16 años huyendo de las amenazas de muerte que le habían lanzado las pandillas que dominaban El Salvador.

Desde su traslado, no se ha tenido noticias de él. Sus familiares y abogados han movilizado a simpatizantes y políticos para que exijan su retorno. El caso ha dejado en evidencia que, aunque el Gobierno defiende que se está deportando solo a delincuentes, la realidad es que personas sin antecedentes también han sido expulsadas. Familiares y defensores de los migrantes han denunciado que, en muchos casos, el solo hecho de tener tatuajes que relacionan con las pandillas ha sido la causa de las detenciones.